La Policía Nacional es tal vez la institución armada y de seguridad más sometida a proyectos de cambio en el seno del Congreso, de acuerdo con las iniciativas presentadas.

El senador Antonio Sanguino, de la Alianza Verde, incluyó una propuesta, que es analizada, que busca prohibir tácticas y procedimientos policiales agresivos, fortalecer el control externo y dar impulso al Sistema Nacional de Participación Ciudadana.

“Realizar una reforma a la Policía desde un enfoque democrático, que refuerce el carácter civilista de la institución, el respeto a los derechos humanos en el cumplimiento de las funciones y el profesionalismo de los agentes en sus relaciones con la comunidad, y que, en últimas, conduzca a una mayor gobernanza democrática”, es uno de los soportes de su iniciativa manifestó.

Sostuvo también que se pretende un mayor acercamiento entre la Policía y la comunidad, mejorar los niveles de confianza para elevar las capacidades de prevención del delito y lograr una convivencia más armónica.

Sanguino recordó que la Corte Constitucional ha establecido que las actividades de Policía, y de manera especial el registro de personas, deben darse sobre dos principios constitucionales: el de razonabilidad y la proporcionalidad

“Ello significa que no es suficiente una sospecha vaga del agente para iniciar la actividad de policía (requisar, solicitar documentos, etc.), sino que esta debe sustentarse en razones válidas, es decir que el agente debe tener motivos fundados”, agregó el congresista Verde.

Por tanto las acciones de Policía invasivas de la intimidad, y sobre las cuales se prestan graves abusos de los uniformados, deben tener su límite en razones justificadas, en el que la subjetividad de quien aplica el registro personal no sea la fuente básica del ejercicio de esa medida, precisó también Sanguino.

Ahora hay además dos proyectos de reforma a la Policía en trámite, el de nuevo régimen de carrera, y ajuste al Código Disciplinario, que fueron presentados por el Gobierno nacional.

Hace unos quince fue archivado un proyecto de ley que buscaba desmontar el Escuadrón Antidisturbios de la Policía (Esmad), y crear una Unidad Especial de Diálogo.